Cimarrones en desacuerdo con demarcación de tierra

Después de décadas de resistencia negra y de al menos cinco años de disputa judicial, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) concluyó esta semana el informe que identifica y delimita la comunidad cimarrona Rio dos Macacos, en el estado de Bahía. Se decidió que serán asignadas a la comunidad dos áreas no conectadas, que totalizan 104 hectáreas (ha).

Sin embargo, el territorio reconocido como suyo por los cimarrones tiene 301,9 ha. Por lo tanto, la comunidad no está de acuerdo con las dimensiones indicadas. Trabajadora agrícola y pescadora, Rosemeire dos Santos Silva señala que el área original tenía más de 900 hectáreas y una parte del territorio fue ocupada por la Armada.

Según el Incra, a partir de 1970, la Armada adquirió fincas de caña de azúcar expropiadas y, con la finca Macacos, donada por la municipalidad de Salvador, empezó la construcción de la Base Naval Aratú. Desde entonces, se han producido conflictos por la propiedad de la tierra.

“La comunidad hizo una contrapropuesta de 270 ha, y esperamos una respuesta por parte del gobierno, que nunca llegó”, explica Silva. Para ella, el área propuesta no atiende a las demandas de su pueblo, ya que, por ejemplo, no garantiza el al agua. “Solo lo que hacemos es plantar y pescar. Es lo que sabemos. No soy de un área urbana, soy de un área rural. Hay que respetar”, dice ella. Según la cimarrona, la comunidad debe decidir qué hacer tras la delimitación, que agora es oficial.

En los últimos años, sin embargo, los conflictos entre cimarrones y la Armada se han intensificado. En 2009, la Abogacía General de la Unión (AGU) pidió la desocupación del local solicitado por la Armada. En 2012, año en que los cimarrones, en colaboración con organizaciones de defensa de derechos humanos, produjeron un informe acerca de las violaciones provocadas por la Armada, la Oficina Departamental del Defensor Público solicitó la suspensión del proceso.Hoy en día, viven en Rio dos Macacos 67 familias descendientes de esclavos, que permanecieron allí después del cierre de las fincas de caña de azúcar, hace más de 100 años. De acuerdo con el informe del Incra y los informes complementarios, los rastros de la ocupación confirman la descendencia, reconocida por el Estado en 2011. Entre los rastros están cadenas, construcciones y la propia cultura local que se expresa, por ejemplo, en la existencia de muchos terrenos de práctica del candomblé.

En el informe cimarrón, también enviado a las Naciones Unidas (ONU), los descendientes de esclavos afirman que 50 familias fueron expulsadas del territorio para la construcción de la Villa Naval, se prohibieron prácticas religiosas de origen africano, y la movilidad de la comunidad se vio afectada debido a que la ruta de más cercana pasaba por la garita de la villa militar. También se denunciaron casos de violencia, falta de saneamiento básico y falta de a servicios de salud, agua y electricidad. La Armada siempre ha negado las acusaciones.

En la última reunión con las partes involucradas, en mayo de este año, el gobierno propuso la reducción del territorio de cerca de 300 ha a 86 ha, rechazada por los representantes de la comunidad. La propuesta fue cambiada a 104 hectáreas, pero igualmente recusada.

El martes (26), fecha de publicación del informe del Incra, el secretario de Articulación Social de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Paulo Maldos, consideró una “gran victoria de la comunidad” la delimitación del área. “Es una situación de permanente reconocimiento, por parte del Estado brasileño, de que aquella es una comunidad específica, con una cultura específica”, celebra.

De acuerdo con Maldos, la definición de las 104 hectáreas fue la posible. Actualmente, explicó, la Base Naval Aratú tiene una importancia estratégica para el país y es responsable de la protección del Nordeste, del Atlántico Sur y de áreas de explotación del petroleo presal. “Hubo todo un esfuerzo por conciliar los derechos históricos que tienen las comunidades de quedarse, tener su pasado y poder construir su futuro, sin ningún tipo de retirada, y con a las políticas públicas”, dijo el secretario. Según él, la Armada participó en la definición del área y está de acuerdo con las dimensiones.

El Incra explica que tanto la comunidad como la Armada tendrán 90 días para contestar el informe. El juicio puede tardar hasta 180 días. Después, si no hay alteraciones que hacer, habrá la regularización de la tierra, con la retirada de ocupantes no cimarrones y la demarcación del área. Por último, el Incra deberá realizar la titulación del territorio, otorgando el título de propiedad a la comunidad, en nombre de la asociación de vecinos.

La Agência Brasil ó la Armada, pero no recibió respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Traducción: Leonardo Vieira