Juristas difieren sobre proceso de destitución
La posición que adoptará el Poder Legislativo de Brasil ante la apertura de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff no goza de unanimidad entre los juristas. Para el profesor Walber Agra, de la Facultad de Derecho de Recife, una decisión favorable al impeachment –luego de la aprobación por el Congreso del cambio de la meta fiscal del 2015 de 17,2 mil millones de superávit a US$ 30,87 mil millones de déficit–, debilita el discurso parlamentario en pro de destitución.
Para Agra, el discurso perderá su legitimidad si los diputados se deciden por la destitución de la presidenta, ya que el pedido de impeachment en la Cámara se fundamentó en el rechazo de las cuentas de 2014 del gobierno por parte el Tribunal de Cuentas de la Unión, precisamente debido a cambios en el Presupuesto.
Para el experto en derecho electoral y fiscal en Minas Gerais, Thales Cerqueira, el Congreso "se vio obligado" a cambiar la meta para no hundir la economía del país y para que pudiera costear gastos básicos tales como los gastos de nómina, "de lo contrario, no se pagarían siquiera los gastos ordinarios", dijo.
"Ese cambio de la meta se destina a salvaguardar la economía. [Los parlamentarios] pueden incluso argumentar que tuvieron que aprobar [el cambio] debido al maquillaje de las cuentas", añadió Cerqueira. Para él, el Congreso Nacional fue "rehén" del retraso en la transferencia de fondos a Caixa Econômica Federal y a Banco do Brasil, referentes a gastos con programas sociales del gobierno.
Cerqueira cree que hay elementos que justifican la apertura del proceso de juicio político a la mandataria. "Lo que se vincula al impeachment no son solo los retrasos en las transferencias de fondos. El gran mal [del gobierno] es una historia de corrupción que viene desde el [escándalo del] mensalão", dijo. Walber Agra, por su vez, dijo que ve a Rousseff en una situación jurídica "cómoda" pues "no existen en la actualidad" pruebas suficientemente consistentes para validar el impeachment. "Pero con la Operación Autolavado, nunca se sabe lo que puede pasar", resaltó.
Para él, la evaluación de las cuentas del 2014 en el Congreso será crucial para el futuro de Dilma Rousseff. En el caso de sean rechazadas, la conducta de la presidenta podría ser encuadrada en el delito de responsabilidad, como se recoge en el Artículo 85 de la Constitución Federal.
"El procedimiento de impeachment tiene que cumplir dos requisitos: la aprobación en la Cámara por dos tercios de los diputados y, a continuación, el encuadramiento del gobernante en el Artículo 85. Si el Congreso sigue el parecer del TCU [por el rechazo de las cuentas], habría la posibilidad de que la presidenta fuera imputada por delitos contra la ley presupuestaria, que es uno de los delitos de responsabilidad", afirmó Agra.
Traducción: Lucas Magdiel
Fonte: Juristas difieren sobre proceso de destitución
