La Policía Federal brasileña empezó este lunes a examinar el material incautado en una fase más de la Operación Autolavado. Hubo más de 40 órdenes de búsqueda e incautación, que se cumplieron en casas y empresas de investigados, además de órdenes de conducción coercitiva. Uno de los blancos fue el expresidente Lula, quien testificó durante unas tres horas el viernes en São Paulo. La etapa investiga un presunto lavado de dinero con la compra de bienes raíces en Guarujá, ciudad costera del estado de São Paulo. Lula negó que sea propietario de un tríplex em Guarujá.
La presidenta Dilma Rousseff, que el sábado visitó a Lula, criticó, en un discurso el lunes, la acción de la Policía Federal. En una nota difundida el día del testimonio, Rousseff ya había manifestado su inconformismo con la conducción coercitiva del expresidente.
“Para ser justos: el presidente Lula, cuando invitado a proporcionar información, siempre ha aceptado. No tiene ningún sentido conducirlo de modo coercitivo a declarar si él jamás se ha negado", dijo.
Debido a la repercusión del caso, con manifestaciones a favor y en contra, el juez responsable, Sérgio Moro, difundió un comunicado afirmando que la medida solo pretendió aclarar la verdad y no significaba anticipar una culpa al expresidente.
Los abogados de Lula repudiaron lo que llamaron “conducción coercitiva arbitraria” y dijeron que hubo un grave ataque a la libertad de locomoción del expresidente sin ninguna base legal.
Después de testificar, Lula dijo que se sintió como un "prisionero" y criticó la actuación de la prensa brasileña en la cobertura del caso, refiriéndose al mismo como “juicio mediático”.
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